Decreto formaliza el programa Celular Seguro,que integra operadoras de telefonía,bancos y organismos de seguridad para permitir el bloqueo de dispositivos robados en cuestión de minutos.

Operação da Polícia Civil contra receptores de celulares em São Paulo. Foto: divulgação/SSPEl presidente de Brasil,Luiz Inácio Lula da Silva,firmó el Decreto N.º 13.034,que crea el Banco Nacional de Celulares con Restricción (BNCR) y consolida una nueva etapa del programa Celular Seguro.
La medida establece una base nacional integrada para reunir información sobre dispositivos robados,hurtados o recuperados,y otorga carácter permanente a la iniciativa lanzada por el Ministerio de Justicia en 2024 para combatir los delitos relacionados con teléfonos móviles.
El BNCR sustituirá al actual Registro Nacional de Celulares con Restricción y será incorporado al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Sinesp).
La nueva estructura estará bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y reunirá registros compartidos por los estados y el Distrito Federal sobre casos de robo,hurto y recuperación de dispositivos.
Según el decreto,la base tendrá como objetivo apoyar investigaciones,facilitar la recuperación de teléfonos móviles,ampliar el intercambio de información entre los organismos de seguridad pública y proporcionar datos para la formulación de políticas públicas destinadas a combatir este tipo de delitos.
De este modo,el texto crea la infraestructura que respaldará las funcionalidades anunciadas por el gobierno para la nueva fase de Celular Seguro. Entre ellas se encuentra la posibilidad de consultar la situación de un dispositivo a través de canales oficiales,permitiendo que los consumidores verifiquen si un teléfono tiene algún registro de restricción antes de realizar una compra.
El gobierno también pretende utilizar la integración de las bases de datos para ampliar la identificación de dispositivos robados o hurtados que siguen en circulación,dificultando su reventa y fortaleciendo el combate a la receptación.
El texto también establece normas para la protección de los datos almacenados. El uso de la información quedará restringido a las finalidades previstas en la norma,quedando prohibida su utilización para el monitoreo de personas o la elaboración de perfiles de comportamiento. El acceso al sistema dependerá de mecanismos de autenticación y todas las consultas y modificaciones deberán quedar registradas con fines de auditoría.
Los estados y el Distrito Federal serán responsables de alimentar la plataforma con información sobre los hechos registrados por las autoridades locales. Por su parte,el Ministerio de Justicia deberá poner a disposición la herramienta pública de consulta y realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las normas de protección de datos y seguridad de la información.
Brasil registra cerca de dos teléfonos móviles robados o hurtados por minuto,con un total de 917,748 dispositivos sustraídos,según el último balance anual consolidado del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.