Uruguay implementará un sistema de alerta temprana por celular para advertir sobre emergencias y reportar la desaparición de menores.
En 2027,Uruguay contará con su propio Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil) que servirá para informar a la ciudadanía la ocurrencia de eventualidades metodológicas y la desaparición de menores de edad.
A través de un decreto del Poder Ejecutivo,se estipula que el mecanismo debe estar operativo en todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2026.
El objetivo es garantizar la difusión masiva,inmediata y georreferenciada de mensajes de alerta.
📲 Uruguay contará con un Sistema de Alerta Temprana por telefonía móvil.
ℹ️ El Gobierno creó SAT-Móvil para enviar a la ciudadanía alertas masivas,inmediatas,gratuitas y georreferenciadas ante eventos adversos o la ausencia de menores de edad.
📌 Estará operativo en todo el… pic.twitter.com/uEDx8Hd5n8
— Presidencia Uruguay (@compresidencia) October 9,2026
De acuerdo con el decreto firmado por los integrantes del Consejo de Ministros,encabezado por el presidente de Uruguay,Yamandú Orsi,el sistema permitirá alertar a la población,en tiempo real,de eventos de diversos orígenes,incluyendo el natural,antropológico o sanitario.
El nuevo mecanismo también facilitará la difusión de las Alertas Amber Uruguay, aquellas que notifican la búsqueda de un menor de edad,para que pueda ser localizado lo más rápido posible y así velar por su vida y proteger su integridad física,psíquica y moral.
Según la normativa,en el primer caso,la alerta sólo podrá ser emitida por el Sistema Nacional de Emergencias y,en el segundo,por el Ministerio del Interior,el cual deberá contener información oficial destinada a alertar a la ciudadanía sobre una amenaza,a fin de que adopte medidas de autoprotección.
El gobierno informó que,en aras de procurar que sea una herramienta moderna,masiva y eficaz,eligió su implementación mediante la telefonía móvil,ya que es la de mayor alcance y cobertura territorial del país,con una penetración cercana al 100% de la población.
Como parte del decreto,el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la integridad física de las personas,por lo que la ocurrencia de estos fenómenos exige una respuesta estatal inmediata para advertir en tiempo real a la población,sobre todo aquella que se encuentra en zonas de riesgo.
